Rubén, el joven obligado a matricularse en un colegio de educación especial cuando era niño, será indemnizado con 25.000 euros

Rubén Calleja estudiaba quinto de primaria en el colegio público González de Lama de León cuando, según cuenta su padre, Alejandro, un maestro decidió que no quería tenerlo en su clase. Rubén tenía síndrome de Down, lo cual no le había impedido asistir al centro durante ocho cursos y encontrarse, afirma Alejandro, “perfectamente integrado”. La Junta de Castilla y León siguió el criterio de aquel docente y al acabar el año dictaminó que Rubén tenía que cambiar a un colegio de educación especial. El niño no quería, su familia tampoco. Empezó entonces una larga batalla política y jurídica, que incluyó una denuncia por parte de la Fiscalía de Menores contra los progenitores por desobedecer el dictamen de la Junta ―en vez de llevarlo al centro especial, lo matricularon en un colegio privado― archivada por la justicia. Una condena a España por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU por impedir que Rubén siguiera en su escuela. Y finalmente una sentencia del Tribunal Supremo, conocida este miércoles, da la razón a Rubén, que ahora tiene 25 años, y a su familia, y establece que el joven debe ser indemnizado con 25.000 euros por el Estado por haber visto vulnerado su derecho a una “educación inclusiva”.

Se trata del segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el caso. Después de que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considerase, en 2020, que la administración educativa española debería haber hecho los ajustes necesarios para que Rubén pudiera continuar estudiando donde estaba, y señalase que el Estado debía proporcionarle una “reparación efectiva” por lo sucedido, el joven y su familia reclamaron una indemnización ante el Ministerio de Justicia de 350.000 euros que no fue atendida. Rubén y sus progenitores acudieron entonces a la Audiencia Nacional, que la rechazó sin entrar en el fondo del asunto. El Supremo revocó dicha decisión y pidió a los magistrados de la Audiencia Nacional que examinaran el caso a fondo. La Audiencia lo hizo, y volvió a denegar la petición. Y ahora la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha zanjado la disputa dando la razón a Rubén y sus progenitores, 14 años después de que fuera obligado a dejar su colegio.

“Ha sido un camino largo, tortuoso, difícil y lleno de dificultades que siempre mereció la pena transitar, pues nuestro hijo Rubén es el motor de esta lucha que nos hace a todos mejores como personas y sociedad”, ha afirmado este jueves su padre. “El camino es posible y está hecho, este es el gran legado que deja Rubén. Ahora depende de nosotros como familias y sociedad defender este derecho humano fundamental a la educación inclusiva”, ha añadido Alejandro Calleja.

Un caso pionero

“El caso de Rubén Calleja es paradigmático en muchos sentidos”, afirma Ignacio Calderón, profesor de profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga. “Es pionero porque ha hecho valer el derecho a la educación inclusiva que España asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008. Evidencia que el derecho a la educación ya es el derecho a educarse junto a los niños y niñas de tu entorno, de tu barrio o pueblo, en el mismo contexto y valorando las diferencias. Es decir: no se puede segregar al alumnado por razón de capacidad”. Al mismo tiempo, prosigue Carrión, la sentencia tiene proyección mundial, “ya que cuestiona una práctica de un Estado parte que vulnera ese derecho. En el caso de España, ya van tres informes muy contundentes del Comité de la ONU que denuncia la vulneración grave y sistemática del derecho a la educación inclusiva”.

A pesar de dichos varapalos, y de que la ley de educación (aprobada en 2020) establece que en un plazo de 10 años las administraciones deben garantizar que los “centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, el número de estudiantes en centros y aulas especiales no ha disminuido en el último lustro, sino que ha aumentado en 2.614, hasta sumar 41.521. Se siguen produciendo derivaciones a centros especiales de niños escolarizados en escuelas ordinarias contra el criterio de sus familias, como denunciaba hace unos meses la asociación Solcom. Y un colegio especial como el de la asociación Asprona en Almansa (Albacete), referente entre los investigadores de educación inclusiva en España por haberse reconvertido en centro de apoyo para facilitar que los chavales con discapacidad puedan estudiar con las condiciones adecuadas en escuelas e institutos ordinarios, ha visto este curso cómo la Junta de Castilla-La Mancha le anunciaba una reducción de su financiación.