Nicola Packer, como otras muchas mujeres, descubrió que se había quedado embarazada con 41 años durante la pandemia, cuando hasta las decisiones más vitales tenían que tomarse en soledad y por remoto. Consultó con el Servicio Nacional de Salud, vía telefónica, y obtuvo la medicación para interrumpir su embarazo. Pero en contra de lo que ella pensaba y dijo a quien la atendió, la gestación superaba el límite legal de las diez semanas para ese aborto autoinducido. Llevaba embarazada 26 semanas.
La ley de supuestos, de 1967, dejaba una serie de lagunas que han llevado ante los tribunales a casi cien investigadas
Nicola Packer, como otras muchas mujeres, descubrió que se había quedado embarazada con 41 años durante la pandemia, cuando hasta las decisiones más vitales tenían que tomarse en soledad y por remoto. Consultó con el Servicio Nacional de Salud, vía telefónica, y obtuvo la medicación para interrumpir su embarazo. Pero en contra de lo que ella pensaba y dijo a quien la atendió, la gestación superaba el límite legal de las diez semanas para ese aborto autoinducido. Llevaba embarazada 26 semanas.
Sus cinco años de calvario judicial, acusada de matar al feto “por envenenamiento”, han impulsado la mayor reforma legal realizada en el Reino Unido respecto a los derechos reproductivos de las mujeres de los últimos sesenta años. Una mayoría de diputados aprobó a última hora de este martes una enmienda por la que se despenaliza el aborto. Pero solo para la mujer. El personal sanitario que lo lleve a cabo fuera de los supuestos legales, así como las personas cómplices, seguirá siendo perseguido.
A diferencia de España, donde la ley vigente desde 2010 permite la interrupción voluntaria hasta la semana catorce sin tener que dar explicaciones, y más allá de ese plazo en determinadas circunstancias, el Reino Unido todavía enmarca el aborto dentro de un marco penal: es decir, siempre será un acto delictivo, salvo en determinados supuestos. Igual que sucedía en España hasta la reforma de hace quince años.
Según la Ley de Delitos contra las Personas de 1861, en plena era victoriana de puritanismo y castigo, pero también según la Ley de Protección de la Vida del Bebé, de 1929, cualquier aborto acarreaba una dura sentencia penal.
La Ley del Aborto de 1967 cambió la situación, al permitir la interrupción del embarazo en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones, como el riesgo para la vida de la madre o su salud física o mental, o graves anomalías físicas o mentales del feto. Dos médicos deben acordar que la interrupción es legal, y que se realiza en un centro registrado. El plazo es de 24 semanas, pero ampliable en casos extremos. Para el caso de la “píldora del día después”, el límite es de diez semanas.
Más persecuciones penales
Hasta 2022, solo tres mujeres habían sido condenadas en el Reino Unido por realizar un aborto desde la aprobación de la ley de 1861. En los últimos cuatro años, al menos media docena se han sentado en el banquillo, y cerca de cien han llegado a ser investigadas por la policía.
La implantación de la telemedicina, acelerada por la pandemia, permitió la prescripción remota de medicación para la práctica de un aborto autoinducido. Las lagunas legales de esta nueva práctica, junto al aumento de interrupciones fuera del cauce médico legal llevado a cabo por mujeres en situación vulnerable, aceleró un celo policial desconocido hasta entonces en el Reino Unido.
Asociaciones como el Real Colegio de Obstetricia y Ginecología reclamaban desde hace tiempo una despenalización del aborto, frente a leyes que consideraban obsoletas, desproporcionadas y muy perjudiciales para las mujeres. La Cámara de los Comunes respaldó finalmente este jueves, por 379 votos frente a 137, la enmienda a la Ley Criminal y Policial presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, que proponía simplemente que las mujeres que hubieran llevado a cabo una interrupción de su embarazo fuera de los parámetros legales no fueran investigadas como presuntos delincuentes, ni castigadas penalmente.
En un ejemplo casi perverso del parlamentarismo británico, apenas medio centenar de diputados asistieron al debate. La sensación general en la Cámara de los Comunes, tan inglesa, era la de que nadie quería interferir en un asunto del que podían tener una opinión concreta, pero que corresponde al ámbito privado. Los manifestantes a favor y en contra de la enmienda, concentrados ante el Parlamento de Westminster, eran escasos y discretos.
“Cada uno de los casos ocurridos ha sido una farsa legal, facilitada por una Ley del Aborto desfasada”, defendía Antoniazzi en su intervención ante el pleno. “Una ley aprobada en su momento por un Parlamento en el que solo había hombres, un texto victoriano que se usa cada vez más para perseguir a mujeres y niñas vulnerables”, acusaba.
Aunque los partidos han permitido a los diputados un voto libre y en conciencia, ante un asunto delicado, el resultado final ha perseguido el mínimo común de consenso, con lo cual han quedado muchos flecos sueltos y son muchos también los expertos que creen que lo aprobado provocará más problemas que soluciones.
La legislación británica sobre el aborto sigue basándose en el modelo de los supuestos. El límite de 24 semanas (o de diez, en el caso de la píldora) se mantiene. Sigue siendo necesaria la firma de dos médicos, y cualquier circunstancia fuera de la legalidad acarreará que el personal sanitario participante, o terceras personas que hayan colaborado, seguirán siendo perseguidas penalmente.
Aun así, el Servicio de Asesoramiento Británico ante el Embarazo (BPAS, en sus siglas en inglés), el mayor proveedor sanitario de interrupciones legales, ha celebrado la aprobación de la enmienda: “Ya no habrá más mujeres investigadas por la policía por un aborto, ya no más mujeres arrastradas de sus camas de hospital hasta un furgón policial, o mujeres separadas de sus hijos por culpa de una ley arcaica”, ha dicho la directora ejecutiva de la organización, Heidi Stewart.
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