La Comisión Europea ha confirmado esta semana su compromiso para sacar adelante la normativa sobre morosidad que impulsa desde hace años patronales como la catalana Pimec o la europea SME United. En una carta remitida esta semana, el comisario Stéphane Séjourné responde a la europarlamentaria del PSC Laura Ballarin que está “plenamente comprometido con esta propuesta de la Comisión y estamos trabajando desde diversos ángulos para avanzar en el expediente y mejorar la situación de las pymes”.
“La adopción de esta propuesta es prioritaria”, según el vicepresidente Séjourné
La Comisión Europea ha confirmado esta semana su compromiso para sacar adelante la normativa sobre morosidad que impulsa desde hace años patronales como la catalana Pimec o la europea SME United. En una carta remitida esta semana, el comisario Stéphane Séjourné responde a la europarlamentaria del PSC Laura Ballarin que está “plenamente comprometido con esta propuesta de la Comisión y estamos trabajando desde diversos ángulos para avanzar en el expediente y mejorar la situación de las pymes”.
En la misiva añade que la adopción “de esta propuesta es prioritaria, ya que representa un paso crucial hacia una nueva cultura de puntualidad en los pagos. Una economía competitiva y resiliente necesita plazos de pago predecibles e inequívocos, y la confianza de que se cumplirán”.
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El presidente de Pimec, Antoni Cañete, opinó ayer que el apoyo del comisario demuestra que en la próxima reunión del consejo de Europa se podría tratar la cuestión. Lo que persigue Pimec y el resto de patronales de pymes es que se penalicen los impagos con el objetivo de reducir los periodos máximos para abonar las facturas. Es un problema que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y del que se aprovechan las grandes corporaciones que retrasan el abono de las facturas.
En su misiva, el vicepresidente da precisamente algunos datos sobre cómo han empeorado los plazos de pago. Séjourné detalló que en el año 2022 el periodo de pago eran 56 días y en el 2023 se incrementó a 62. “La morosidad también siguió obstaculizando el acceso de las empresas a los servicios financieros y disuadiendo a muchas pequeñas empresas de aumentar sus operaciones en la UE”, remachó. El político explicó que para el 59% de las empresas de la UE, la morosidad afecta significativamente a su capacidad de inversión y crecimiento.
En el 2023 la Comisión anunció un reglamento para fijar el pago de las facturas en 30 días, si bien al año siguiente se dejó en suspenso cuando el Parlamento europeo rechazó la medida. En su carta, el vicepresidenta insistió que la Comisión “está dispuesta a ofrecer todo el apoyo posible” para desbloquear los debates y alcanzar un acuerdo sobre el texto final lo antes posible.
La norma, que había sido impulsada por las patronales era un reglamento que fijaba penalizaciones automáticas para los morosos. La rebaja de los días de pago formaba parte de un paquete legislativo diseñado para ayudar a las pymes en el que también se prevé una mejora del acceso a la financiación de las pymes. Otro de los objetivos era mejorar el acceso de las pymes a la compra pública. En materia regulatoria, la UE prevé tener en cuenta la opinión de las pymes en la actividad legislativa.
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