La mayoría gobierna, pero no posee la comunidad política. El límite no solo contiene el poder; también lo legitima Leer La mayoría gobierna, pero no posee la comunidad política. El límite no solo contiene el poder; también lo legitima Leer
Releer un libro pasados muchos años siempre entraña riesgo. A veces una obra admirada se nos antoja deudora del contexto de aquel primer contacto más que de sus méritos. Con otras sucede exactamente lo contrario: un texto clásico, conocido desde hace décadas, parece haber estado aguardando ese momento de rescate del anaquel para revelar toda su actualidad. Eso me ocurrió al volver sobre Hans Kelsen -pensador cimero del Estado de Derecho- mientras preparaba mi intervención en la inauguración del curso de verano -bajo el lema «Revitalización del Estado de Derecho y los derechos humanos»- organizado por la Universidad de La Laguna. Lejos de encontrar una doctrina envejecida, me arrebató su advertencia formulada en el dramático compás de espera que siguió al Tratado de Versalles.
Nuestras sociedades occidentales viven hoy una singular paradoja. Nunca habían disfrutado de tanto foco electoral y, sin embargo, rara vez se había cuestionado con tanta intensidad el entramado que hace posible el régimen de convivencia en su conjunto. Nunca se había invocado tanto la voluntad popular y nunca se había hablado con tanto desprecio de las instituciones que amparan su libre ejercicio. Cada vez que un tribunal, una norma o un procedimiento incomodan al poder, aflora la acusación de secuestro de la democracia por quienes han ganado las elecciones. Los controles se presentan como obstáculos; los contrapesos, como interferencias; el equilibrio de poderes y la complejidad derivada, como una argucia que impide al gobernante hacer lo que prometió.
Esa impaciencia ante los límites no es nueva, si bien ha adquirido una intensidad preocupante. Votar no confiere al vencedor una potestad absoluta, ni toda resistencia a su voluntad constituye una deslealtad hacia el pueblo. Sin embargo, esa idea se extiende. El equívoco es profundo. La democracia liberal no consiste sólo en que la mayoría decida; consiste también en que no pueda apropiarse del Estado, ni cancelar los derechos de la minoría, ni convertir una victoria electoral en patente de corso. La mayoría gobierna, pero no posee la comunidad política. La ley obliga igualmente a quien la implementa y ejecuta. La oposición no es un cuerpo extraño tolerado a regañadientes; es la alternativa legítima de gobierno. Los jueces independientes no protegen a una corporación, protegen al ciudadano frente a la arbitrariedad. Y los procedimientos no existen para estorbar en la toma de decisiones, sino para garantizar que éstas puedan ser conocidas, discutidas, impugnadas y, llegado el caso, corregidas.
Una democracia sin control acaba siendo insostenible, porque el desprecio de los límites que impone el orden jurídico socava sus propios fundamentos. Kelsen formuló hace un siglo uno de los dilemas permanentes de la democracia con una claridad que conserva toda su vigencia: para preservar la libertad, la democracia precisa límites y debe respetarlos. No pensaba sólo en golpes de Estado ni en la abolición formal de las elecciones. Prevenía también de un deterioro gradual si quienes llegan legítimamente al poder empiezan a considerar ilegítimo todo obstáculo a su ejercicio. El desgaste rara vez comienza con la clausura de un Parlamento. Empieza antes, cuando se identifica la mayoría con la verdad; cuando el oponente se convierte en enemigo de la nación; cuando una sentencia contraria se atribuye necesariamente a una conspiración; cuando la independencia de los órganos jurisdiccionales se interpreta como sabotaje; y cuando la eficacia pasa a justificar cualquier atajo.
El Estado de Derecho no es, por tanto, una cuestión técnica reservada a juristas. Es la arquitectura política que impide al poder —también al económico o tecnológico— disponer enteramente de la persona. Necesita tribunales, garantías, procedimientos e igualdad ante la ley. Pero su sentido último no radica en la conservación de las formas, sino en que toda coerción debe justificarse y quedar contenida por ciertas barreras. Durante las décadas pasadas, especialmente en Europa, llegamos a tratar ese equilibrio como parte natural del paisaje. No lo era. Fue una construcción surgida de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y de una intuición decisiva: el poder no podía abolirse, pero debía engarzarse en el orden jurídico de modo que nunca volviera a emanciparse de la legalidad ni ignorar la dignidad humana.
El gran acierto de aquel esfuerzo fue unir norma y capacidad de acción. La primera impedía la pura dominación; la segunda evitaba que los principios se redujeran a exhortaciones sin consecuencias. Esa trabazón vuelve hoy a ponerse a prueba. Vivimos en un mundo de guerras, arsenalización de la economía, dependencias estratégicas y rivalidad tecnológica. La fuerza ha regresado al centro de la política. Precisamente por ello sería absurdo concluir que las reglas son un lujo propio de tiempos cómodos. Cuando el poder aumenta, los límites se vuelven más necesarios, no menos. Nuestro error no ha sido creer demasiado en las normas, sino creer que podían domeñar la potestas por sí solas. Las reglas necesitan instituciones capaces de hacerlas cumplir, sociedades dispuestas a reconocerlas y autoridades que acepten someterse a ellas. Una legalidad impotente termina convertida en retórica; el poder emancipado de ella degenera en arbitrariedad. La política democrática se funda en la evitación de ambas derivas. El límite no sólo contiene el poder; también lo legitima.
La cuestión ha adquirido una dimensión nueva. El problema ya no se circunscribe a limitar el Estado. Hoy el poder se encuentra mucho más disperso. Las grandes plataformas arbitran qué vemos y qué permanece oculto; los algoritmos clasifican, recomiendan, excluyen y condicionan; la inteligencia artificial interviene ya en la contratación, el crédito, la educación, la sanidad, la seguridad y la actuación administrativa. Actores privados adoptan decisiones que afectan a la vida de las personas sin permitir conocer los criterios con los que deciden y sin facilitar la identificación de quién responde de ellas. La vieja pregunta —¿quién vigila al vigilante?— gana complejidad: ¿quién programa, quién resuelve, quién audita, quién corrige y ante quién responde un sistema capaz de condicionar derechos? El Estado de Derecho tendrá que alcanzar al poder distribuido, privatizado, automatizado y opaco. No se trata de hostilidad hacia la tecnología ni de fiebre regulatoria europea, sino de responsabilidad. Ninguna ganancia de eficiencia justifica reducir la persona a dato, perfil, riesgo o comportamiento previsible.
La fuerza de los límites no reside únicamente en impedir el abuso; reside asimismo en lo que propician. Permiten que quien pierde unas elecciones conserve derechos y la oportunidad de convencer mañana y gobernar. Permiten rectificar una decisión sin destruir la autoridad del Estado. Permiten que el adversario siga siendo ciudadano. Permiten que el conflicto político no desemboque en una lucha por la supervivencia y que la alternancia no sea vivida como una hecatombe. Ésa es una de las singularidades más valiosas de la democracia liberal; institucionaliza la posibilidad de corregirse. No promete gobiernos infalibles ni sociedades de reconciliación arcádica. Promete algo más modesto y no menos importante: el error puede señalarse, el poder puede ser reemplazado, la minoría no queda sometida a la voluntad irrestricta de la mayoría y ninguna victoria es definitiva.
Por eso los límites no son una penitencia impuesta a la democracia ni una concesión a los desconfiados. Son su reserva de futuro. Quien acepta lindes hoy admite que mañana puede perder, ser fiscalizado, verse obligado a rectificar y seguir formando parte de la comunidad política. Este asentimiento no debilita el poder legítimo; le da continuidad y autoridad. Las democracias atraviesan tiempos de cansancio, polarización y creciente fascinación por la promesa de decisiones rápidas y tajantes. Pese a todo, conservan la facultad de examinarse, corregirse y transformar la crítica en renovación, aptitud que los sistemas cerrados temen y no practican. Defender los términos no significa ceder a la parálisis. Significa preservar la capacidad de aprender sin tener que pasar por la destrucción.
Kelsen advirtió que la democracia puede llegar a suicidarse cuando deja de aceptar los límites que la constituyen. Conviene escuchar esa advertencia sin resignarnos a convertirla en profecía. Las instituciones liberales no prevalecen porque prometan gobiernos perfectos, sino porque hacen compatible la autoridad con el control, la decisión con la legalidad y la victoria electoral con el respeto al adversario. En esa tensión reside, precisamente, su fuerza.
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