Varias universidades privadas se desmarcan de un comunicado crítico con la reforma de Morant que habla en su nombre

En la mañana de este viernes la Universidad Antonio de Nebrija ha hecho llegar a los medios de comunicación a través de su departamento de prensa un comunicado supuestamente firmado por los miembros del Foro Emilia Pardo Bazán, un lobby de centros privados que en 2020 tenía 39 socios, muy crítico con la reforma de los requisitos de calidad para poder abrir una institución académica en España. Pero tras publicar este diario la noticia, tres universidades catalanas —a las que se aludía en ese texto— se han desmarcado: la Oberta de Catalunya, Vic y la Ramon Llull.

Desde la Nebrija, que preside el foro, afirman que la junta directiva del foro se reunió de urgencia el miércoles para discutir las alegaciones al decreto ―hoy terminaba el plazo― y se envió a los socios, incluidos estos tres campus catalanes, un correo con las conclusiones de la reunión y el comunicado. Según la Nebrija, solo contestó en contra de la nota una universidad que ha abandonado el foro. No desvelan cuál.

El comunicado solo venía firmado por el foro “en representación de buena parte de las universidades privadas”, y ante la inconcreción este diario pidió a la Nebrija, que preside el Emilia Pardo Bazán, un listado de los componentes de lo que ellos llaman “red de colaboración”. El departamento de prensa envió entonces a EL PAÍS un documento de Excel en el que aparecen 36 de las 46 privadas que hay en España (tres aún no inauguradas). Tras publicarse la noticia de que esas 36 universidades han pedido al Gobierno que reconsidere su decisión de endurecer el control de calidad para abrir un centro ―en su opinión trae inseguridad jurídica e invade su autonomía―, las tres universidades catalanas se han descolgado: ni pertenecen al foro ni comparten el diagnóstico.

El comunicado se ha hecho público este viernes tras reunirse las privadas este jueves con el secretario general de Universidades, Francisco García. “Hemos aglutinado comentarios para CRUE [la conferencia de rectores], para facilitarle su trabajo y que lo traslade al ministerio [de Ciencia, Innovación y Universidades]. Y, a su vez, al ministerio, hemos mandado unilateralmente las alegaciones, como han hecho todas las universidades”, explican desde la Ramon Llull, que aúna distintos centros como la prestigiosa escuela de negocios Esade o el Instituto Químico de Sarrià.

El rector de la Llull, Josep Antoni Rom, y la rectora de la San Pablo CEU Rosa Visedo, ha participado durante todo este año en las reuniones para modificar decreto de Manuel Castells de 2021, que ordena la creación de universidades, en representación de las privadas. En esos encuentros Rom fue especialmente crítico con los chiringuitos universitarios y no ha tenido ningún problema en denunciarlo en los medios. Rom se explicó también en EL PAÍS el pasado domingo: “Nadie había pensado hace unos años que esto [la universidad] iba generar beneficio. Lo que nos ha pasado es que la realidad nos ha adelantado y ahora es urgente cambiar la normativa”. La Llull es una fundación sin ánimo de lucro que revierte sus ganancias en la institución, pero Rom no cree que el beneficio con calidad sea ilegítimo.

En la Oberta de Catalunya ―fundación privada con participación de la Generalitat, precios públicos y enseñanza a distancia― también aseguran que no pertenecen al foro. Se sorprenden de aparecer en el listado de socios. Su rectora, Àngels Fitó, se reafirma en sus declaraciones en este periódico del pasado domingo, cuando apoyó la modificación legislativa, ya que a su juicio “es una manera de garantizar que las iniciativas que se pongan encima de la mesa tengan realmente una vocación universitaria”.

Por último la Universidad de Vic también se descuelga, ni está en el foro ni aprueba el documento. Se identifican con el comunicado que hizo público la conferencia de rectores (CRUE), que reúne a las 50 universidades públicas y a 27 de las 46 privadas, el pasado viernes y que va en la dirección contraria a la del foro. En este documento se mostraron partidarios de que los promotores de universidades tengan que contar con el informe favorable de la agencia de evaluación ANECA o sus correspondientes autonómicas. Y remarcaron su “preocupación ante la creciente proliferación de iniciativas para la creación de nuevas universidades sin una verdadera consideración de las necesidades reales”. La conferencia siempre la preside un rector de la red pública y es una asociación privada que pide unos requisitos de calidad mínima para poder ingresar.

No es extraño el rechazo de tres universidades de Cataluña. Allí no se ha abierto ninguna universidad en los últimos 20 años y tienen un sistema blindado contra los chiringuitos universitarios: el Consejo Interuniversitario de Cataluña en el que están todas las instituciones privadas y públicas, que vela por la calidad de la docencia y la investigación.