Los jóvenes que salían a la calle en memoria de las víctimas del incendio en Urumqi ahora lidian con diagnósticos fabricados, expedientes universitarios truncados y pasaportes retirados Leer Los jóvenes que salían a la calle en memoria de las víctimas del incendio en Urumqi ahora lidian con diagnósticos fabricados, expedientes universitarios truncados y pasaportes retirados Leer
Después de un par de noches durmiendo en un centro de detención en Shanghai por «infracciones contra el orden público», al joven Li le plantearon dos alternativas: permanecer durante un largo periodo confinado en su domicilio, bajo estricta vigilancia o ingresar voluntariamente durante nueve días en un hospital psiquiátrico.
Fueron sus propios padres quienes le convencieron de optar por la segunda opción. Apenas puso un pie en el hospital, Li fue encerrado durante cinco horas en una pequeña sala en la que, de manera sucesiva, fueron entrando psiquiatras para interrogarlo acerca de los motivos que le habían llevado a salir a la calle a protestar contra el Gobierno. El joven está convencido de que aquellos supuestos facultativos no eran sino funcionarios disfrazados con bata blanca.
«Empecé a sospechar que esos hombres no eran médicos cuando me preguntaron si conocía al grupo de antipatriotas que, según ellos, operaba desde el Reino Unido aliado con espías británicos para organizar las protestas en China. Como yo había estudiado en Londres y fui uno de los participantes más activos en las movilizaciones de Shanghai, estaban seguros de que tenía algo que ver con esa historia que se habían inventado», relata.
Li, a quien hemos cambiado el apellido por petición suya, conserva recuerdos difusos de los días posteriores. Asegura que lo mantuvieron sedado con ansiolíticos y que, en alguna ocasión, le administraron olanzapina, un antipsicótico. Al término de los nueve días de reclusión, sin que se le realizara ninguna evaluación psiquiátrica más allá del interrogatorio inicial, le diagnosticaron «trastorno de personalidad paranoide».
Li fue uno de los centenares de jóvenes cabreados que, en la madrugada del 27 de noviembre de 2022, tomaron Wulumuqi Road, una popular calle de Shanghai, para protestar contra las extremas restricciones pandémicas que se mantenían todavía en vigor. «Queremos libertad», coreaban mientras sostenían folios en blanco, símbolo del rechazo a la censura estatal. Aquellas escenas ocuparon rápido las portadas de medios de todo el mundo.
Cuando la Policía empezó a rodear a los manifestantes y se produjeron las primeras detenciones, algunos se atrevieron a ir más lejos y dirigir sus críticas directamente al poder central. «No a la dictadura, queremos democracia», gritaron. «Abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista», llegó a escucharse. Horas después, ya por la tarde, Wulumuqi Road volvió a convertirse en epicentro de unas protestas pacíficas que se extendieron a 39 ciudades del país. Desde Pekín, temerosos de que aquellas movilizaciones pusieran en riesgo la estabilidad social y desembocaran en un movimiento más amplio y violento, decidieron adelantar los planes previstos para 2023 sobre el levantamiento de los confinamientos masivos y la reapertura de fronteras.
Este jueves, tres años después de las mayores manifestaciones registradas en China desde Tiananmen, la intersección de Wulumuqi Road con Anfu Road -en pleno corazón de la colorida concesión francesa de Shanghai- amaneció con un despliegue policial notablemente superior al habitual. Esa vigilancia reforzada se ha convertido en una constante cada aniversario de la llamada «rebelión del folio en blanco», un episodio borrado de la memoria oficial, pero no de la de los jóvenes que aún pagan las consecuencias de su desafío.
«Primero me encerraron en un hospital psiquiátrico y falsificaron un informe con un diagnóstico inexistente. Después me expulsaron de la universidad y me retiraron el pasaporte. Mis padres fueron acosados durante meses por funcionarios locales y, cada vez que salgo de Shanghai, tengo que notificarlo en la comisaría de mi barrio», cuenta Li, hoy con 24 años, mientras muestra el documento que prueba su internamiento en el hospital y algunas instantáneas en las que aparece durante las protestas en la capital económica de China.
Otros cuatro testimonios recogidos por este periódico, que mantendremos en el anonimato, describen represiones similares por parte de las autoridades locales. «Me confiscaron el móvil y estuve tres semanas bajo arresto domiciliario», denuncia uno de ellos. «Pasamos dos días en una comisaría bajo detención administrativa y hemos estado muy vigilados desde entonces. Después de todo este tiempo siguen sin entender que la gran mayoría de los que salimos a protestar lo hicimos únicamente para pedir el fin de los confinamientos y de tantos controles; no atacamos a nuestros líderes», coinciden otros dos jóvenes. «Hostigaron a mi familia asegurando que fuerzas extranjeras habían reclutado a su hijo para provocar disturbios; insistieron en que, si no corregía mi comportamiento, me encarcelarían bajo la acusación de poner en peligro la seguridad nacional», afirma un tercer testimonio.
El origen de las protestas en Shanghai fue una vigilia por las víctimas de un incendio que, días antes, se había cobrado la vida de una decena de personas en un edificio residencial de Urumqi, capital de la región de Xinjiang. Varios testigos afirmaron que las barreras instaladas para reforzar los confinamientos dificultaron la evacuación de los vecinos e impidieron la rápida intervención de los bomberos.
Aquello lo recogió en un documental un cineasta conocido como Platón, quien también participó en las protestas de Shanghai. En noviembre de 2023, fue detenido tras colgar el documental en plataformas occidentales. Un año después, Chen Pinlin, quien se esconde detrás de Platón, fue arrestado nuevamente y acusado formalmente de «provocar peleas y causar problemas», un delito general utilizado frecuentemente por las autoridades para silenciar a los disidentes y encarcelar a activistas, abogados y periodistas.
Informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también reportaron numerosos casos de manifestantes detenidos, sometidos a vigilancia intensiva -tanto ellos como sus familias-, expulsados de universidades o despedidos de sus trabajos.
En enero de este año, tras un juicio a puerta cerrada, un tribunal de Shanghai condenó a Platón a tres años y medio de prisión. Su documental, Not the Foreign Force, elaborado con las grabaciones realizadas por muchos de los jóvenes que protestaron en la Wulumuqi Road, muestra numerosas detenciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas para sofocar las manifestaciones.
Aquella intensa jornada, este periódico fue testigo de cómo la Policía detenía al azar a jóvenes que pasaban por la zona y requisaba sus teléfonos para revisarlos. Gracias a esos registros, los agentes localizaron grupos de Telegram y Signal -aplicaciones bloqueadas en China- en los que los estudiantes coordinaban las protestas. Así consiguieron identificar a cabecillas como Li, el joven que terminó recluido en un centro psiquiátrico.
Tres años después de aquella noche en Wulumuqi Road, algunos de los jóvenes que se atrevieron a cuestionar en alto las restricciones de la pandemia y las políticas de su Gobierno conviven aún con diagnósticos fabricados, expedientes universitarios truncados, pasaportes retirados y un futuro vigilado.
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