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Rodrigo Duterte arrasó en las urnas en las elecciones de Filipinas de 2016 bajo la promesa continuar con una sangrienta cacería contra el narcotráfico que había lanzado durante sus 22 años como alcalde de Davao, la tercera ciudad más grande del país. El propio Duterte llegó a contar en una entrevista que él mismo había matado a tres hombres a tiros. «Olvídense de los derechos humanos. Ustedes, traficantes de drogas, asaltantes y holgazanes, más vale que se vayan porque los voy a matar», advirtió antes de entrar en Manila por la puerta grande con mayoría absoluta.
Duterte cumplió con su promesa. Las ejecuciones sumarias en plena calle se extendieron por muchas ciudades. Algunos cadáveres de las víctimas, supuestos traficantes o consumidores, se arrojaban a los ríos. Otros aparecían por las esquinas con los rostros vendados, extremidades atadas y un cartel de cartón en el que se podía leer: «Soy drogadicto».
Para cumplir la orden del presidente, a las fuerzas de seguridad se unieron sicarios y organizaciones criminales, que se escudaron en la guerra contra las drogas para resolver sus particulares ajustes de cuentas. Durante años, investigaciones oficiales han destapado decenas de montajes policiales en los que los agentes colocaban paquetes de droga en las escenas de crímenes, al igual que armas para poder alegar que habían actuado en defensa propia.
Esto último fue lo que ocurrió en el caso del joven surfero gallego Diego Bello Lafuente, asesinado a tiros el 8 de enero de 2020 en la isla filipina de Siargao. Hablamos con sus padres, Pilar Lafuente y Alberto Bello, horas después de que se conociera que Rodrigo Duterte había sido detenido en Manila después de que la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva años investigando la guerra contra las drogas en Filipinas, emitiera una orden de arresto contra el ex presidente por crímenes contra la humanidad.
«No podemos decir realmente lo que sentimos tras la detención por temor a cómo se lo puedan tomar en Filipinas, donde seguimos con el proceso judicial abierto contra los policías que asesinaron a Diego. Duterte sigue siendo muy popular en su país. Tiene mucho poder, influencia y su hija es la vicepresidenta. Tenemos que ser prudentes para que el caso siga avanzando«, afirma Pilar desde A Coruña.
Duterte (79 años) fue arrestado el martes en el aeropuerto de Manila. El ex líder fue enviado ese mismo día en un avión hasta La Haya, sede de un tribunal que, a través de numerosos informes de organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas y judiciales, ha documentado y recogido pruebas sobre las matanzas durante una guerra contra las drogas que oficialmente dejó 6.000 muertos. Aunque muchas de las organizaciones independientes elevan la cifra de víctimas entre 12.000 y 30.000.
La noticia de la detención de Duterte pilló a los padres de Diego después de un viaje a Bruselas, donde se reunieron con varios europarlamentarios para pedirles apoyo de cara al proceso judicial por el asesinato de su hijo. Pilar y Alberto se han desplazado varias veces a la capital belga, logrando que la Unión Europea haya presionado a Manila para que el crimen no quede impune. «Ahora, el juicio está parado porque la jueza que lo presidía se jubiló y están buscando un nuevo magistrado. Pedimos a Europa que continué presionando, recordando nuestro caso a las autoridades filipinas, para agilizar el proceso», comenta Pilar.
Los padres de Diego también han viajado hasta cuatro veces a Filipinas. Hace dos años tuvieron cara a cara, durante una audiencia, a los tres policías que asesinaron a su hijo. El capitán Wise Vicente Panuelos, y los sargentos Ronel Pazo y Nido Boy Cortés, están siendo juzgados por asesinato, perjurio y falsificación de pruebas. Según su relato, en medio de una operación encubierta, se habían citado con Diego, que era sospechoso de narcotráfico, para comprarle droga. Cuando fueron a detenerlo, el español sacó una pistola, disparó primero, e intentó escapar. Entonces, los agentes usaron sus armas. Una versión que fue desmontada por el Buró Nacional de Investigación (NBI), lo equivalente a la Fiscalía.
Ni Diego llevaba un arma, ni había evidencia alguna en los archivos policiales de que estuviera metido en algún negocio turbio relacionado con drogas. Después de escuchar decenas de testimonios y revisar minuciosamente la escena del crimen, los fiscales concluyeron que todo había sido un montaje policial.
Los tres policías, tras un año en busca y captura, se entregaron en 2023. «Los agentes, después de un primer informe muy chapucero, presentaron otro en el que aseguraban que estaban en contacto con la agencia de narcóticos de Filipinas, que ya tenía el ojo puesto en Diego. Sin embargo, cuando el NBI preguntó a la agencia, esta dijo que no sabían nada del caso y que nunca había investigado a Diego», explica Guillermo Mosquera, el abogado de la familia.
Toda la investigación que desmonta la versión policial, y lucha de la familia y los amigos del gallego asesinado en Filipinas, lo recoge un documental, Justicia para Diego, que se estrenó a principios de este año. «Los tres asesinos ahora están encerrados en la cárcel municipal de Manila, pero hasta el año pasado se encontraban en una prisión para policías, donde se encierra a los agentes corruptos, y allí están en buenas condiciones», dice Pilar.
«Finalmente, la jueza que llevaba el caso ordenó el traslado a la prisión de Manila, que es más dura. Pero llevó su tiempo e incluso cuando nuestro abogado escribió en junio del año pasado al director de la cárcel municipal para saber si los tres agentes habían sido ya trasladados, este respondió que sí, cuando todavía seguían en el otro centro penitenciario», asegura la madre.
Desde Manila, muchas familias de las víctimas de la guerra contra las drogas han celebrado la detención de Duterte y su traslado hasta La Haya. En las últimas horas, los abogados del ex presidente han denunciado su «secuestro» y exigen su devolución al país asiático. Los defensores alegan que, dado que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019 -la hoja de ruta que condujo a la fundación de la corte internacional-, la CPI ya no tiene jurisdicción. En cambio, el tribunal asegura que conserva la jurisdicción sobre los crímenes ocurridos en el país antes de su retirada, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales bajo el mando de Duterte.
«Las familias en Filipinas han perdido la fe en el sistema de justicia nacional, por eso depositaron sus esperanzas en la CPI y ahora tienen mucho que celebrar», señala Carlos Conde, investigador de la división de Asia de Human Rights Watch, una de las organizaciones que más testimonios ha recogido sobre las masacres cometidas por las fuerzas de seguridad de Filipinas.
La caída del siempre controvertido Duterte ha provocado un terremoto político en su país. El propio ex presidente ya estaba haciendo campaña para presentarse en mayo a las elecciones locales como alcalde de su tradicional feudo, Davao. «Confío en que el arresto fue apropiado, correcto y cumplió con todos los procedimientos legales necesarios», ha declarado el presidente Marcos Jr, quien ha estado cooperando en los últimos meses con la investigación de la CPI. Esto ocurría a medida que se iba rompiendo la alianza con su vicepresidenta, la hija del líder detenido, Sara Duterte, quien el miércoles cogió un avión hacia Ámsterdam para ayudar a su padre con los preparativos legales para el juicio que se abrirá en el tribunal internacional.
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