«Aprobar esta ley implicaría que dar un golpe de Estado en Brasil no tiene consecuencias desde el punto de vista institucional», afirma un politólogo Leer «Aprobar esta ley implicaría que dar un golpe de Estado en Brasil no tiene consecuencias desde el punto de vista institucional», afirma un politólogo Leer
Desde que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro se sentó en el banquillo por un supuesto intento de golpe de Estado, tanto él como su base ultraderechista han intensificado la presión por lograr una amnistía. Además de sus habituales llamamientos a las masas en las calles -como la prevista para el próximo 7 de mayo- y en las redes sociales, Bolsonaro también mueve ficha en el interior de las instituciones. Hace algunas semanas, su formación, el Partido Liberal (PL), consiguió en la Cámara de los Diputados las firmas necesarias para solicitar la tramitación urgente de un proyecto de ley que perdonaría a los casi 500 condenados por los actos golpistas y los que todavía esperan una condena.
Mientras tanto, Bolsonaro continúa recuperándose tras someterse a una cirugía intestinal.
Más de 2.000 proyectos cuentan hoy con trámite de urgencia en la Cámara, lo que significa que no requieren del análisis previo de comisiones. Su inclusión en esa lista depende del presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien señaló la semana pasada que sólo aprobaría su urgencia si hubiera un acuerdo entre «oposición, Gobierno y el STF para la construcción de una versión más restrictiva».
Por su parte el líder del PL, Sóstenes Cavalcante, ha afirmado que ya tiene una sugerencia de cambios en la propuesta. Esta versión concedería el perdón a las acusaciones o condenaciones por organización criminal armada, intento de golpe de Estado e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, manteniendo solamente los crímenes de daño al patrimonio. Sumado a esto, Cavalcante mantiene la amenaza de obstruir el camino de otras pautas en esta casa.
La medida, que aún carece de un texto definitivo, eleva la tensión entre los poderes del Estado. El Supremo Tribunal Federal (STF), que todavía juzga a decenas de implicados en las acciones antidemocráticas desencadenadas desde el 30 de octubre de 2022, ve con recelo la propuesta.
Además de pedir por el perdón a quienes pidieron una intervención militar tras la segunda vuelta de las elecciones en las que Lula da Silva fue elegido, el proyecto incluye otras seis propuestas que ampliarían el alcance de la amnistía a los participantes de los actos pasados y futuros que llevaron a la invasión de la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Si lo aprueba, 257 votos bastarían para conceder la amnistía. No parece un objetivo lejano: la petición de urgencia ya cuenta con el respaldo de 262 diputados, incluso de parte de los aliados del propio Lula.
Para el politólogo Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas (FGV), se trata de una «desautorización política. Si se juzgan casos como éste y se condena a los responsables, y luego se pasa por encima del STF con base en conveniencias políticas, estamos debilitando su autoridad», explicó a EEL MUNDO. Couto advierte también que el mensaje sería algo muy «problemático»: «Aprobar esta ley implicaría que dar un golpe de Estado en Brasil no tiene consecuencias desde el punto de vista institucional, lo cual es especialmente grave en un país como Brasil, que tiene un largo historial de rupturas institucionales, de golpes de Estado, principalmente militares».
Aunque en teoría el texto no beneficiaría directamente a Bolsonaro, el objetivo de sus impulsores es que el perdón se extienda a él a tiempo para que pueda participar en las elecciones presidenciales de 2026. Bolsonaro, actualmente inhabilitado hasta 2030, fue acusado de intentar anular el resultado electoral de 2022, incluso a través del asesinato de Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez del STF, Alexandre de Moraes.
Según Couto, este apoyo transversal refleja el modo de gobernar del presidente Lula: con una mayoría parlamentaria de oposición al Gobierno, el presidente negocia constantemente con las fuerzas del Congreso. «El Gobierno actual distribuye cargos ministeriales a cambio de que los partidos lo apoyen», explica el politólogo. Sin embargo, esta «moneda de cambio» —los ministerios— ha perdido fuerza frente al acceso directo al presupuesto, implementado desde 2015 por el Legislativo.
De esa manera, el Ejecutivo ya no tiene el control exclusivo de los recursos: diputados y senadores administran directamente las pastas en partidas destinadas a sus bases electorales, lo que reduce su dependencia del Gobierno central. Por eso, «hoy el Congreso fija cada vez más la agenda del país, ocupando espacios que antes correspondían al Ejecutivo», concluye.
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