El presidente republicano intenta forzar a la institución más rica del país a cambiar su estructura y reglas y le amenaza con cortar 2.200 millones de fondos federales Leer El presidente republicano intenta forzar a la institución más rica del país a cambiar su estructura y reglas y le amenaza con cortar 2.200 millones de fondos federales Leer
En una esquina, la Universidad de Harvard. En la otra, el Gobierno de Donald Trump. En medio, 2.200 millones de dólares en transferencias, ayudas, subvenciones y contratos federales congelados o en proceso de serlo. En juego, muchísimo más. La libertad de expresión, de cátedra, de conciencia. La autonomía, la independencia. Si una de las más grandes, quizás la institución de élite más prestigiosa y reverenciada del mundo, una de las que más músculo económico tiene, cae, las demás tendrán difícil seguir oponiendo resistencia.
En menos de tres meses, la Administración Trump ha despedido a decenas de miles de funcionarios, ha cerrado organismos, ha reestructurado departamentos enteros y planea recortar a la mitad la acción exterior. Ha doblegado a las tecnológicas, que pagan millones de dólares para financiar las fiestas de Trump o su futura biblioteca presidencial. Ha rendido a despachos de abogados, que asumen uno detrás de otro humillantes acuerdos para asesorar gratis a los republicanos en servicios que valdrían cientos de millones de dólares, tras ser señalados específicamente en órdenes ejecutivas. Después de poner en marcha la reducción a su mínima expresión del Departamento de Educación, ahora tiene en la diana a las grandes universidades.
Todo forma parte de una campaña muy amplia en la que la ideología juega el papel principal. Así, por ejemplo, la Administración congeló hasta 400 millones de dólares en fondos, programas y subvenciones a la Universidad de Columbia, en Nueva York, «debido a su pasividad ante el persistente acoso a los estudiantes judíos». Con el objetivo de quebrar su voluntad, forzando a que asuma sus exigencias, como eliminar departamentos o crear un cuerpo de policía interno para expulsar a los estudiantes que violen las normas. Lo mismo con Princeton, por 215 millones, incluyendo cinco millones porque sus investigaciones climáticas generan «ansiedad» a los jóvenes. Cornell (1.000 millones), Northwestern (750), Brown (500 millones).
O 175 millones a la Universidad de Pensilvania debido a la participación de una atleta transgénero en su programa de natación. Otro ejemplo: el fiscal federal de Washington D. C. envió una carta al decano de Derecho de la Universidad de Georgetown, que pertenece a los jesuitas, amenazándole con que el Gobierno no contrataría a ninguno de sus licenciados si no dejaban de enseñar cuestiones de igualdad o diversidad.
Casi todas las universidades que han recibido cartas, llamadas y advertencias han empezado una lucha o una negociación. Harvard también, contratando un lobby cercano al Partido Republicano o cambiando la dirección de un centro de estudios sobre Oriente Próximo. Pero ahora, con su negativa y los pleitos lanzados por sus profesores y sindicatos por la congelación de fondos, Harvard es la primera que ha decidido llevar el pulso a otro nivel, diciendo que «no renunciará a su independencia, ni a sus derechos constitucionales» y denunciando que las presiones de Trump «violan los derechos de Harvard amparados por la Primera Enmienda y excede los límites legales de la autoridad gubernamental. Además, amenaza nuestros valores como institución privada dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento. Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar», ha respondido en una carta abierta su presidente, Alan M. Garber.
«¿Tal vez Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos y ser gravada como una entidad política si sigue promoviendo una enfermedad inspirada en la política, la ideología y el terrorismo? Recuerden, ¡el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en el INTERÉS PÚBLICO!», amenazó ayer Trump en su red social.
Harvard, como las instituciones de élite, tiene un endowment, un fondo que se construye mediante donaciones y legados y que genera riqueza mediante inversiones, de más de 50.000 millones de dólares, lo que le da oxígeno incluso si el Gobierno le quita los fondos destinados a investigación o contratación. Pero sólo el 20% de ese enorme fondo es para gastos discrecionales. Y los acuerdos federales en algunos años llegan al 15% del presupuesto operativo.
«Harvard ha dado un ejemplo para otras instituciones de educación superior, rechazando un intento ilegal y torpe de reprimir la libertad académica, al tiempo que toma medidas concretas para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de un entorno de investigación intelectual, de un debate riguroso y de respeto mutuo. Esperemos que otras instituciones sigan su ejemplo», ha instado el ex presidente Barack Obama en un mensaje en la red X.
En sus primeros 80 días, el Gobierno ha exigido que toda institución que tenga relaciones o contratos con la Administración federal acabe con sus políticas de igualdad o diversidad, que elimine los criterios de discriminación positiva, que cierre los programas de inclusión. Que luche contra el antisemitismo, que sin duda ha sido un problema real. O que prohíba a las personas transgénero participar en sus programas deportivos. Pero en el caso de Harvard ha ido mucho más allá, siguiendo el ejemplo de Columbia. El Ejecutivo se ampara en las protestas contra la guerra de Gaza, que califica en su conjunto, sin matices, como actos de antisemitismo. Y lo que pide es una entrega absoluta, que implica no sólo cambiar sus políticas, sus códigos, su profesorado, sus programas y departamentos, sino hacerlo de la mano del Gobierno, con su aprobación, con sus premisas. Es una petición de rendición absoluta, entregando en la práctica el poder de la gestión de la primera universidad del país a la Casa Blanca.
«En los últimos años, Harvard no ha cumplido con las condiciones de derechos intelectuales y civiles que justifican la inversión federal. Sin embargo, agradecemos su compromiso para subsanar estas deficiencias y agradecemos su colaboración para que la Universidad cumpla su promesa», dice la carta enviada por tres responsables del Gobierno. En ella se le exige que reduzca el poder e influencia de los estudiantes y los profesores sobre la gestión de la Universidad; que haga y les envíe listas de estudiantes extranjeros que hayan podido cometer infracciones de conducta. Que contrate, en la práctica, a más profesores conservadores. Que cambie sus criterios de admisión para que sean más meritocráticos, en el sentido que lo entiende Trump, y para impedir «la admisión de estudiantes hostiles a los valores e instituciones estadounidenses».
O que antes de agosto de este año «adopte e implemente políticas de contratación basadas en el mérito y erradicar cualquier preferencia basada en raza, color, religión, sexo u origen nacional en sus prácticas de contratación, ascensos, compensación y otras prácticas relacionadas con el profesorado, el personal y la dirección. Dicha adopción e implementación deberá ser duradera y demostrarse mediante cambios estructurales y de personal. Todo el profesorado, tanto actual como futuro, será evaluado para detectar plagio y la política de plagio de Harvard se aplicará sistemáticamente. Todos los datos de contratación y relacionados se compartirán con el Gobierno federal y estarán sujetos a una auditoría exhaustiva por parte de este durante el período de implementación de las reformas, que durará al menos hasta finales de 2028″, dice uno de los párrafos.
Trump quiere tener un control total, de cada aspecto y detalle. Y que se establezca incluso un mecanismo para que cualquier estudiante o profesor que detecte que todas esas medidas y reformas no se están aplicando correctamente pueda denunciarlo oficial y anónimamente. La alternativa, dicen, no sólo es perder 2.200 millones, sino hasta 9.000 en los próximos años en recursos para una decena de hospitales y centros médicos asociados, y la cancelación de los contratos firmados.
El país entero mira ahora a Boston para ver lo que ocurre. Si la resistencia tiene éxito puede servir de inspiración, ejemplo, desencadenante. Si Harvard se pliega, el resto lo tendrá difícil. «Felicitaciones a Harvard por negarse a renunciar a sus derechos constitucionales ante el autoritarismo de Trump. Otras universidades deberían seguir su ejemplo. Y en lugar de hacer trabajo pro bono para Trump, los bufetes de abogados cobardes deberían defender a quienes creen en el Estado de derecho», instó el senador Demócrata Bernie Sanders anoche.
Internacional // elmundo
