El Ministerio de Hacienda se enfrenta a devoluciones por más de 12.000 millones a particulares y empresas como consecuencia de sentencias judiciales desfavorables que ya son firmes, según los cálculos recopilados por la Autoridad Fiscal (Airef) a partir de la Cuenta General del Estado. El supervisor advierte del elevado coste fiscal de estos fallos provocados, en ocasiones, por errores legislativos.
La Autoridad Fiscal alerta que los fallos sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IRPF de los mutualistas son los más cuantiosos
El Ministerio de Hacienda se enfrenta a devoluciones por más de 12.000 millones a particulares y empresas como consecuencia de sentencias judiciales desfavorables que ya son firmes, según los cálculos recopilados por la Autoridad Fiscal (Airef) a partir de la Cuenta General del Estado. El supervisor advierte del elevado coste fiscal de estos fallos provocados, en ocasiones, por errores legislativos.
La devolución más cuantiosa a la que tiene que hacer frente la Agencia Tributaria afecta al tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que estuvo en vigor entre el 2013 y el 2018. El Tribunal Supremo lo declaró ilegal en octubre del año pasado. Según la Airef, el retorno podría ascender a 6.500 millones, lo que convierte a este fallo en el más cuantioso en términos fiscales. Le sigue la devolución del IRPF a los mutualistas, partida que Hacienda ya está retornado a los contribuyentes que reclamaron. Son 1.700 millones en total, aunque la autoridad fiscal reconoce que podría ser una cuantía infraestimada.
El organismo supervisor añade al listado de sentencias con impacto fiscal elevado la devolución del impuesto de actividades económicas a los operadores de telefonía móvil (1.479 millones), la reforma del impuesto de sociedades en el 2016 (1.200 millones), el complemento a la pensión de jubilación por paternidad (994 millones) y la financiación del bono social eléctrico (642 millones).
Alguna de estas facturas podría ser más baja, admiten fuentes de la Airef. En la sentencia del Supremo sobre el tipo autonómicos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos recoge, por ejemplo, que la administración tendrá que demostrar si las empresas, a las que se tiene que devolver 6.500 millones, han repercutido el coste de la normativa en sus precios. Si lo han hecho, la administración podría alegar que no tiene que devolver parte del importe citado.
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La Airef denuncia que estas acciones legales contra el Estado, llevadas a cabo por grandes empresas o particulares, suponen un riesgo significativo para las finanzas públicas. De hecho, el supervisor calcula que las indemnizaciones que han fijado los tribunales por dichos fallos han supuesto una devolución media de 1.000 millones al año durante la última década. A ello hay que añadir un extra por intereses. En estos años, la Airef calcula un impacto de 10.49 millones por dichas sentencias entre el 2014 y el 2023. Si se suma el coste del rescate financiero y de las autopistas de peaje, entre otros conceptos, el Estado ha tenido que hacer frente a un coste fiscal de 51.285 millones entre los años 2014 y 2023.
La Airef identifica errores recurrentes por parte del Gobierno que dan pie a este tipo de sentencias desfavorables. En concreto, el regulador denuncia el uso recurrente del real decreto-ley, la extralimitación normativa o la omisión de advertencias de la UE como prácticas que han derivado en estos fallos condenatorios.
El organismo presidido por Cristina Herrero, que afronta sus últimos meses de mandato, propone al Gobierno prevenir la litigiosidad futura y minimizar, con ello, el impacto en el déficit de estas resoluciones judiciales.
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