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Recientemente, Erwin Chemerinsky y Laurence H. Tribe, dos expertos en Derecho constitucional, firmaban un artículo de opinión en el New York Times sobre los excesos del presidente de Estados Unidos, en el que expresaban alarma por que nadie pueda evitar que la Administración Trump encarcele a cualquiera en cualquier parte del mundo. El título de la columna es inequívoco:Todos deberíamos tener mucho, mucho miedo. ¿Acaso exageran? La respuesta está en el encuentro que el mandatario estadounidense tuvo el lunes en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Miedo es poco.
Después de su reelección, Trump activó una antigua ley de 1798 (la Ley de Enemigos Extranjeros) que se puede invocar en tiempos de guerra o en el caso de que un Gobierno extranjero invada Estados Unidos. Según el republicano, la presencia de venezolanos que pudieran ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, originada en las prisiones venezolanas, es equivalente a la invasión de un ejército con capacidad destructora. Las alarmas se dispararon el pasado 15 de marzo: ese día, agentes de inmigración detuvieron a más de 200 venezolanos con la intención de trasladarlos a la prisión de máxima seguridad que el presidente salvadoreño mandó a construir en su país para encerrar a los pandilleros que aterrorizaban a la población. En el grupo incluyeron a Kilmar Abrego García, un salvadoreño con estatus legal que fue deportado por «error administrativo». Poco después, la Corte Suprema resolvió que la Administración Trump debe «facilitar» el retorno de este hombre y así subsanar tamaño error.
Pues bien, en la rueda de prensa que sostuvieron Bukele y Trump, el primero afirmó que no tiene intención de devolverlo a Estados Unidos ni de liberarlo en suelo salvadoreño, calificándolo de «terrorista». Y Trump atacó a los periodistas: «Les encantaría que soltaran a un criminal en nuestro país. Son gente enferma». Abrego García, casado en Estados Unidos, donde no tiene antecedentes penales -tampoco en su país-, permanece atrapado en una prisión que ha sido descrita como «un moridero de concreto y de acero». Exhibiendo un cruel sarcasmo, los dos gobernantes dieron carpetazo a su drama.
Pero el caso de Abrego García no es el único que pone de manifiesto la intención de Trump de pisotear las leyes. Pese a que un juez federal ordenó suspender temporalmente las deportaciones, razonando que la ley invocada por el presidente no procede, «dado que los términos de invasión e incursión depredadora se refieren en realidad a actos hostiles perpetrados por cualquier nación y comparables a una guerra», los arrestados nunca tuvieron oportunidad de defenderse y desde entonces están confinados en las celdas del temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Empeñado en validar el relato de una guerra ficticia, Trump apeló ante la Corte Suprema la resolución del juez. La máxima instancia judicial determinó que el Gobierno puede continuar las deportaciones, aunque señaló que se les debe ofrecer a los inmigrantes «la oportunidad de impugnar su expulsión». Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas incriminatorias, salvo la insistencia en tatuajes sospechosos.
De los nueve jueces del Supremo sobre cuyas conciencias pesa esta resolución, llaman la atención lo que escribieron Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, ambas con perfiles liberales, disintiendo, junto a Elena Kagan, de la opinión del conjunto. Sotomayor señaló que la Corte ignoró el «grave daño» a los migrantes si estos fueron «erróneamente» encarcelados en El Salvador, añadiendo que la Corte «no debería premiar los esfuerzos del Gobierno por erosionar el Estado de derecho». En sus notas, la jueza Jackson se remontó a la II Guerra Mundial. Después del ataque de Japón a Pearl Harbor, el presidente Franklin Roosevelt invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para confinar en campos de detención a ciudadanos estadounidenses de origen japonés. Fue un joven de California, Fred Korematsu, quien se atrevió a desafiar esa medida discriminatoria y demandó al Gobierno por privarlo de sus derechos constitucionales en el ya célebre caso Korematsu contra Estados Unidos. En 1944 el Supremo le dio la razón a la Administración Roosevelt, y no fue hasta 75 años después cuando dicha instancia admitió que se había cometido un «grave error» al no proteger los derechos de los norteamericanos de origen japonés. El paralelismo que establece Jackson es el siguiente: «Estamos errando ahora como en el pasado, con similares consecuencias devastadoras».
En medio del desconcierto por los crecientes abusos de poder de Trump -basta con seguir el acoso del Gobierno federal a la Universidad de Harvard por no doblegarse a presiones que incluyen censurar las opiniones de su alumnado-, en su reunión con Bukele reiteró que le «encanta» el ofrecimiento de su aliado centroamericano, quien, a cambio de más millones, también está dispuesto a recluir en su mega cárcel a presos estadounidenses. Para su anfitrión, es sólo cuestión de consultar con sus asesores si hay impedimentos legales, a sabiendas de que los hay y son muchos. Esa es la verdadera guerra que libra Donald Trump y la jueza Sotomayor lo advierte. El verdadero enemigo no viene de fuera; duerme en la Casa Blanca.
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