El primer ministro Kristersson sugiere la implicación de «un poder extranjero», probablemente Irán o Irak, mientras denuncia como «terrorismo interno» la ola de violencia que sacude el país. Leer El primer ministro Kristersson sugiere la implicación de «un poder extranjero», probablemente Irán o Irak, mientras denuncia como «terrorismo interno» la ola de violencia que sacude el país. Leer
La última imagen de la transmisión en directo, que ya sólo enfocaba el suelo, fue la de un policía sueco que corta la imagen. Cinco tiros en pleno streaming por TikTok acabaron en la noche del miércoles con la vida del cristiano Salwan Momika, activista antiislámico iraquí de 38 años que saltó a la fama por quemar el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, y por cuya muerte una ciudad del centro de Irak había ofrecido un kilo de coranes de oro como recompensa.
La Policía ha detenido a cinco personas presuntamente relacionadas con el asesinato. Tuvo lugar en Södertälje, un conflictiva ciudad de la provincia de Estocolmo que en otros tiempos más tranquilos fue conocida porque allí nació y se crio el legendario tenista Björn Borg.
La muerte de Momika añadió más dramatismo aún a la conferencia de prensa matinal que el primer ministro sueco, el moderado Ulf Kristersson, había convocado para hablar sobre la epidemia de explosiones relacionadas con bandas que ha sacudido Suecia en este principio de 2025. Al menos 30 a lo largo de enero. De momento, sin heridos de gravedad. Kristersson lo ha calificado de «espectacular» y ha sugerido la posibilidad de que haya sido organizado por «un poder extranjero».
Por ello, ha anunciado, «los servicios de inteligencia están investigando a fondo este asunto, ya que existe un riesgo claro de injerencia externa». Expertos nórdicos coinciden en que Irán sería el principal sospechoso, ya que el Säpo, el servicio de inteligencia de la policía sueca, denunció el año pasado que actos como los atentados con explosivos cerca de las Embajadas israelíes en Estocolmo y Copenhague, cometidos por sicarios a sueldo de las bandas, habían sido probablemente encargados por el régimen de Teherán.
Miembros de estas bandas, que son casi exclusivamente de origen migrante, habían revelado ya que existían recompensas por matar a Momika. Irak sería el otro sospechoso. Dirigentes religiosos de la ciudad chií de Kufa habían prometido dos millones de dólares y un kilo de coranes de oro a quienes consiguieran liquidarlo.
«Salwan sabía perfectamente que estaba amenazado, que había un precio por su cabeza, como él mismo decía», ha indicado su abogada, Anna Roth. «No tenía protección permanente, sólo cuando participaba en reuniones o debía ir a los juzgados». El activista antiislam llegó a Suecia en 2018 como refugiado y en 2021 recibió un permiso de permanencia temporal de tres años. Su petición de asilo fue rechazada posteriormente, pero las autoridades suecas prorrogaron su estancia debido a que estimaron que su vida correría peligro si regresaba a Irak.
Momika, según Roth, debía haber comparecido este jueves como acusado ante un tribunal de Estocolmo que tenía previsto dictar sentencia sobre un caso de odio racial en el que habría tratado el Corán de un modo «que expresaba desprecio hacia los musulmanes». La víctima comenzó a quemar el libro sagrado del islam en 2023, siguiendo la estela de Rasmus Paludan, un político extremista danés que popularizó esta práctica en Escandinavia en 2018.
En su conferencia de prensa, el primer ministro Kristersson volvió a arremeter contra las bandas: «Muestran un desprecio absoluto por la ciudadanía. Las explosiones y los asesinatos son terrorismo interno que debemos combatir con toda la fuerza de la sociedad».
Según la policía, aparte de las 30 explosiones registradas, sus efectivos han impedido además la explosión de otra treintena de artefactos. Los atentados se han perpetrado principalmente contra domicilios privados y empresas de la zona de Estocolmo, pero también en la ciudad de Helsingborg, en el sur del país. Anna Westberg, portavoz policial en la capital, ha señalado que las explosiones se deben en parte a conflictos entre bandas, pero también a casos de chantaje en los que se usan como medio de intimidación.
«Antes, este tipo de ataques se limitaban exclusivamente a bandas criminales enfrentadas entre sí, pero ahora la situación ha cambiado», ha explicado el viceinspector Hampus Nygårds, del Departamento Nacional de Operaciones. «Emanan todavía del mismo tipo de entorno, pero también apuntan a propietarios de empresas y otros ciudadanos privados desde una perspectiva más estratégica que está movida por intereses económicos».
Como viene ocurriendo desde hace tiempo, los encargados de colocar las cargas son sicarios adolescentes a sueldo de las bandas. Utilizan principalmente dinamita procedente del sector de la construcción, material de pirotecnia y granadas de mano.
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