La comisaria europea de Igualdad, 30 eurodiputados y dirigentes de toda Europa, entre ellos la vicepresidenta española Yolanda Díaz desafiarán al Gobierno ultra húngaro acudiendo a la marcha Leer La comisaria europea de Igualdad, 30 eurodiputados y dirigentes de toda Europa, entre ellos la vicepresidenta española Yolanda Díaz desafiarán al Gobierno ultra húngaro acudiendo a la marcha Leer
La marcha del Orgullo que se celebra este sábado en Budapest ha adquirido en ésta su 30 edición una dimensión política que va mucho más allá de la mera defensa de los derechos LGTBIQ+. El intento del primer ministro húngaro, Viktor Orban, de prohibirla para marcar su nicho electoral frente a un rival en alza procedente de su propio partido, Peter Magyar, y las amenazas oficiales del ministro de Justicia a quienes participen en la celebración, ilustran de manera flagrante a los ojos de los europeos los excesos autoritarios del Fidesz, el partido en el poder desde 2010.
En respuesta, más de 70 eurodiputados y la comisaria europea de Igualdad, la socialdemócrata belga Hadja Lahbib, participarán en la manifestación reconvertida en fiesta local por el alcalde de Budapest para sortear precisamente la prohibición. Por parte española, se espera la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.
El choque en las calles de la capital húngara será inevitable y no solo por las circunstancias que rodean la marcha y las represalias legales a las que podrían hacer frente los participantes, sino porque la extrema derecha ha convocado contramanifestaciones. Eld Novák, vicepresidente del partido ultra Mi Hazánk (Movimiento Nuestra Patria), ha asegurado que si la Policía no toma medidas contra la manifestación «ilegal», los miembros del partido están dispuestos a detenerla «con nuestros propios medios».
Junto al Mi Hazánk, fundado en 2018 como una escisión del ala más radical del partido ultraderechista Jobbik, hay otro grupo de extrema derecha que ha registrado contra protestas en puntos que coinciden con el recorrido del Orgullo. Se trata del Movimiento Juvenil de los 64 Condados (HVIM), que asegura que frente «a la ilegalidad» del Orgullo «nosotros podemos celebrar legítima y legalmente una ‘reunión’ en esos lugares».
«Obviamente intentaron ocultar la ruta y el lugar, pero lo logramos», dicen afirmando haber «desarrollado el método adecuado para obtener información de primera mano de sus círculos». Esta organización, fundada en 2001, califica el Orgullo de un «evento socialmente destructivo y subversivo» que «está dañando el corazón de nuestra capital». «Sin duda nos verán en el lugar de nuestra manifestación anunciada en defensa de nuestra religión y nuestra nación», afirma antes de añadir que está preparándose en colaboración con «las organizaciones del verdadero bando nacional», entre las que nombra al Movimiento Nuestra Patria y otros colectivos ultraderechistas.
El Orgullo fue prohibido el pasado mes de marzo por el Parlamento húngaro, donde Fidesz, el partido de Orban, cuenta con una holgada mayoría y el Movimiento Nuestra Patria tiene seis diputados. La reforma impide la celebración de reuniones que contravengan la Ley de Propaganda de 2021, que restringe la representación de la realidad LGTBIQ. El supuesto objetivo de esas reformas es proteger a la infancia. La reacción de los colectivos LGTBI dentro y fuera del país no se hicieron esperar.
En su tradicional entrevista de los viernes con la radio estatal, Orban aseguró que la policía «no hará uso de la fuerza» en la manifestación del Orgullo, aunque podrá utilizar herramientas de reconocimiento facial para castigar in situ a cualquier participante, siempre que esté registrado en las bases de datos biométricas húngaras. Otra cosa es que los grupos neonazis creen situaciones que requieran la intervención policial. «Por supuesto, la policía podría dispersar este tipo de eventos, ya que tiene derecho a hacerlo, pero Hungría es un país civilizado», declaró.
La policía prohibió la marcha la semana pasada, invocando una reciente ley anti-LGTBI del Gobierno, pero el alcalde de Budapest, el ecologista Gergely Karacsony, decidió mantenerla, al considerar que un evento municipal de este tipo no requería autorización oficial. Orban rechazó este argumento. «La normativa húngara es clara. Todo evento debe ser registrado y autorizado por la policía y si alguien infringe la ley, habrá consecuencias legales», advirtió el primer ministro, haciéndose eco de la carta enviada esta semana por su ministro de Justicia, Bence Tuzson, a los embajadores de otros países de la UE. En su misiva, el ministro recordó posibles consecuencias de participar en la concentración: multas de hasta 500 euros para los participantes e incluso penas de prisión para los organizadores y promotores.
«Quisiera reiterar mi llamada a las autoridades húngaras para que permitan que el Orgullo de Budapest se celebre este sábado sin temor a sanciones penales ni administrativas contra los organizadores o participantes», ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La dirigente alemana recalcó que el derecho a reunirse de manera pacífica es «un derecho fundamental» y «debe ser defendido en todos los estados miembro». Orban, por su parte, ha acusado a la Comisión Europea de «interferir» en los asuntos nacionales de los estados miembros. No lo ve así la veintena de estados de la UE que se han pronunciado en contra la reforma de Orban para limitar los derechos del colectivo LGTBI y apuntado a la posibilidad de que la Comisión Europea avance en un procedimiento de infracción.
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