Abuso de poder

Hace unos días, los pensionistas recibieron una carta de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, comunicándoles una subida de su prestación del 2,8%. Todos los partidos del Parlamento están de acuerdo. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez echó agua al vino: la subida sería retirada si la oposición no votaba su decreto ómnibus, una especie de presupuestos generales del Estado encubiertos. Un auténtico abuso de posición dominante.

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 Hace unos días, los pensionistas recibieron una carta de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, comunicándoles una subida de su prestación del 2,8%. Todos los partidos del Parlamento están de acuerdo. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez echó agua al vino: la subida sería retirada si la oposición no votaba su decreto ómnibus, una especie de presupuestos generales del Estado encubiertos. Un auténtico abuso de posición dominante.Seguir leyendo…  

Hace unos días, los pensionistas recibieron una carta de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, comunicándoles una subida de su prestación del 2,8%. Todos los partidos del Parlamento están de acuerdo. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez echó agua al vino: la subida sería retirada si la oposición no votaba su decreto ómnibus, una especie de presupuestos generales del Estado encubiertos. Un auténtico abuso de posición dominante.

Al final, el atropello no se ha llevado a cabo gracias a los siete votos de Junts. Al presidente no le ha quedado más remedio que trocear su decreto y pactarlo, además de someterse a una moción de confianza para dejar en evidencia que mantiene el apoyo de la Cámara. El Gobierno tendrá que pagar un precio muy alto cuando esta moción se vote si quiere seguir en la Moncloa.

A todas luces, el decreto ómnibus del Gobierno ha sido un gran error

A todas luces, el decreto ómnibus ha sido un gran error. La Constitución obliga al Gobierno a presentar unos presupuestos que deberían estar ya en vigor. Al no haberlo conseguido por segundo año consecutivo, lo lógico hubiera sido que convocara elecciones. Pero Sánchez ya nos había advertido que está dispuesto a gobernar sin el apoyo del Parlamento, ignorando que estamos en una democracia parlamentaria donde el poder ejecutivo está sometido al legislativo y no al revés. Por esto ha decidido recurrir al decreto-ley sin límite. Elige las medidas que más le interesan y hace con ellas un paquete, de manera que ni se debaten ni se votan de forma individual por muy importantes que sean.

Existe jurisprudencia más que suficiente del Tribunal Constitucional contra esta forma de gobernar por abusiva. En su día se prohibieron las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, luego se rechazó el decreto ómnibus que aprobó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurrido por el propio PSOE. Gobernar es pactar, discutir, convencer, y votar todas y cada una de las medidas que se proponen. Una actitud que nada tiene que ver con chantajear a la oposición tomando como rehenes a los ciudadanos.

Esta forma de hacer política parece haberse impuesto tanto en los gobiernos populistas de izquierdas como en los de derechas, como el de Donald Trump. Si no se hace lo que el líder quiere, se castiga subiendo aranceles a Colombia, o incluso con las armas, como ha amenazado a Panamá con su canal.

En España, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es muy aficionada a este sistema para salirse con la suya. Así lo ha hecho con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y con la reducción de la jornada laboral, que quiere aprobar por vía de urgencia para reanimar a Sumar frente a Podemos. Y si los empresarios no aceptan, que se atengan a las consecuencias. El Gobierno de coalición progresista ha destruido la concertación social que tantos años nos había costado construir.

 Economía

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