El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, prácticamente un año después de la primera reunión del diálogo social sobre la materia. Es el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de una norma que está pactada con los sindicatos pero que no ha conseguido el visto bueno de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
Trabajo calcula que la medida afectará a 12 millones de trabajadores en España
El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, prácticamente un año después de la primera reunión del diálogo social sobre la materia. Es el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de una norma que está pactada con los sindicatos pero que no ha conseguido el visto bueno de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
La rebaja de jornada es uno de los objetivos de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para este legislatura y formaba parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Trabajo calcula que esta medida beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores. ¿Qué impacto tendrá realmente en los empleados?
- El primer impacto directo es que los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanas de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a esta jornada máxima.
- Trabajo calcula, según ha adelantado El País, que un tercio de los 12 millones de trabajadores impactados, alrededor de 4,4 millones, verán reducida su jornada en alrededor de una hora y media. Poco más de la mitad de los afectados tendrán una rebaja de su horario de menos de una hora.
- El impacto general de la reducción de jornada implicará un recorte medio del 2,1% del tiempo de trabajo para los 12 millones de trabajadores.
- Los sectores más afectados serán los de jornadas más amplias como la hostelería, la información y las comunicaciones, el comercio y el sector agrario, ganadero y de pesca. Todos ellos verán reducida su jornada, en principio si se aprueba la norma, entre dos horas y hora y media menos a la semana.
- Según el texto del anteproyecto, además, los contratos a tiempo parcial con duración igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio “se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo” a partir de la aplicación de la nueva jornada legal.
- En caso de tener contratos con menos de 37,5 horas de jornada, los trabajadores a tiempo parcial, así como los trabajadores con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma.
- Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales.
Los sectores más afectados serán la hostelería, la información, el comercio y el agrario, ganadero y pesca
- SANCIONES: El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
- Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
- REGISTRO HORARIO: el texto establece que la empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice el cumplimiento de la norma para evitar que se falsee. También habrá registro de las horas extraordinarias, día a día, para el abono de las retribuciones. Serán los trabajadores quienes practiquen los asientos de forma personal y directa, para que la empresa no pueda condicionar su contenido
- DESCONEXIÓN DIGITAL: La norma refuerza además el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de su jornada laboral, configurándose como un derecho “irrenunciable” del trabajador, sobre el que no podrá haber consecuencias negativas o represalias por no atender las comunicaciones de la empresa al margen de su horario de trabajo.
El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
Una vez que lo apruebe el Gobierno el martes, el texto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá a finales de febrero. Después, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
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